El 28 de octubre, el fiscal Karim Khan decidió cerrar el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, abierto hace 17 años. Su decisión vino acompañada de un fuerte respaldo al innovador modelo de justicia transicional del país y, en particular, a su Jurisdicción Especial para la Paz. También fue descrita por algunos como una historia de éxito de “complementariedad positiva” entre la CPI y un sistema judicial nacional.
Tras 17 años, el fiscal Karim Khan decidió cerrar la investigación más longeva que tenía la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Colombia ha estado a la altura de sus obligaciones internacionales, de sus obligaciones del Estatuto de Roma y, en consonancia con el principio de complementariedad, me complace decir que puedo salir de la fase de examen preliminar”, anunció durante una ceremonia en el palacio presidencial de Bogotá el 28 de octubre.
Al optar por poner fin al examen de la Fiscalía en lugar de abrir una investigación formal, la CPI respaldó el innovador sistema de justicia transicional derivado del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También dio un respaldo decidido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial del sistema que busca un equilibrio entre sanciones restaurativas y retributivas, pero que se ha visto obstaculizado por los esfuerzos del gobierno actual por socavar su trabajo.
Khan, quien asumió el cargo de fiscal de la CPI en junio, eligió una nueva estrategia de salida para cerrar la investigación sobre Colombia. Firmó un ‘acuerdo de cooperación’ con el presidente Iván Duque en el que el gobierno se compromete a “garantizar que la JEP tenga espacio para hacer su trabajo”, que esté “debidamente financiada” y, quizá lo más importante, que “no haya interferencias políticas o de otro tipo en el proceso”.