El ex presidente Álvaro Uribe, el político más poderoso de Colombia y un firme opositor al acuerdo de paz de 2016, fue puesto bajo arresto a principios de este mes por presunta manipulación de testigos. Se está defendiendo atacando a dos instituciones judiciales cruciales, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Agosto ha sido un mes turbulento para la política colombiana, después de que el expresidente Álvaro Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario en medio de una investigación por presunta manipulación de testigos. Uribe, el político más poderoso del país y viejo opositor al acuerdo de paz firmado en 2016 por el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sostiene que la investigación en su contra equivale a una persecución política. Él y su partido están utilizando a la justicia transicional como saco de boxeo, en un intento de contrastar sus problemas legales con el hecho de que los antiguos guerrilleros de las FARC aún no han sido condenados por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado.
A mediados de agosto, en un irónico giro de acontecimientos, Uribe pasó de acusador a acusado después de que la demanda que presentó contra un senador rival, quien sostiene que él y su hermano ayudaron a crear un grupo paramilitar en su región natal de Antioquia a mediados de la década de los noventa, le saliera mal. Después de que su abogado fue acusado de intentar supuestamente sobornar a testigos que podrían declarar contra el ex presidente, la Corte Suprema decidió por unanimidad que Uribe podría obstruir la justicia y que debía ser puesto bajo arresto domiciliario mientras dure la investigación.